Economía

Propone una regla fiscal predecible atada a resultados macroeconómicos: la tasa de tributación empresarial de renta bajaría 2 puntos por cada punto adicional de crecimiento del PIB, y cuando la tasa de inversión privada supere el 20% del PIB, incentivando el crecimiento para alcanzar menores impuestos.

Plantea un modelo de desarrollo productivo descentralizado con inversión pública focalizada y empresas ancla por región, diferenciando apuestas productivas para cada territorio con máxima prioridad presupuestal, orientado a sectores como tecnología, servicios y sostenibilidad.

Propone crear portafolios territoriales de proyectos y financiación unificada a través del Fondo de Convergencia Regional, que unifica recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional y fondos de inversión dispersos, gestionados con enfoque participativo y regional.

Establece incentivos y apoyos a micronegocios: crear clusters y cadenas productivas con alto potencial en productividad, competitividad y exportación; incentivos y cuotas de contratación para personas con discapacidad y poblaciones vulnerables; y acceso a crédito preferencial para la economía popular liderada por mujeres, jóvenes y emprendedores.

Propone promover empresas más productivas, innovadoras y con acceso justo a mercados: implementar una red integral de apoyo empresarial desde los territorios, eliminando privilegios normativos, la cartelización y las posiciones dominantes, garantizando competencia justa y sin barreras para micro, pequeñas y medianas empresas.

Impulsa la infraestructura digital para la productividad: gobierno digital interoperable con trámites automatizados, Portal Único Empresarial, acceso a internet con competencia efectiva en telecomunicaciones, y sistema de finanzas y datos abiertos con transferencias gratuitas mediante Bre-B.

Establece como prioridad recuperar la confianza del sector privado: implementar una política fiscal responsable y creíble, establecer canales de diálogo con el sector privado y las comunidades, y garantizar reglas claras, estabilidad y condiciones para que el sector privado e inversionistas inviertan, generen empleo y crezcan en todo el país.

Propone crear un 'programa de ajuste fiscal' que reemplaza el formato actual de Comisión de Gastos de la Nación, reduciendo el gasto público y apuntando a la descentralización territorial como mecanismo de eficiencia.

Plantea reducir la carga tributaria, revisar los impuestos de orden nacional y crear una 'Gran Revolución de Desburocratización' que elimine trámites ante superintendencias, cámaras de comercio, notarías y registros, licencias ambientales, consultas a comunidades, recolecciones de Ministerio de Hacienda, certificaciones de industria y comercio.

Propone promover la política 'Una entra y dos salen': por cada nueva norma que ingrese, se eliminan dos normas existentes, con el objetivo de reducir la tramitología que frena la inversión.

Plantea consolidar una gran plataforma de la eficiencia con Gobierno Digital, Notaría Digital y Registro Digital, y modernizar el DANE con inteligencia artificial para reducir burocracia y mejorar datos.

Establece como meta generar 320.000 empleos formales al año, apuntando a que Colombia sea uno de los tres países más prósperos, seguros y democráticos del mundo.

Propone implementar un plan de choque y eficiencia radical del Estado, reduciendo los subsidios eliminando los 'improductivos', y ajustando la política de basura para mejorar el perfil de calificaciones.

Señala que el PIB en 2025 fue de 2,66% anual, con desempleo del 9,7%; propone alcanzar un crecimiento del PIB que permita mejorar la capacidad de generación de empleo y bienestar.

Propone crecer al 5 % del PIB cada año, con el sector exportador como motor de crecimiento generando 10.000 millones de USD adicionales en exportaciones, y la inversión alcanzando al menos el 25 % del PIB.

Creceremos a una tasa del 5 % del PIB cada año, donde la productividad de los sectores de infraestructura y minero-energético recuperará, por lo menos, los niveles de 2019 (más del 6 %).

Plantea atraer y desbloquear al menos 2.000 millones de dólares al año en nuevos proyectos de inversión extranjera directa, con seguridad jurídica y respeto a los contratos como política de Estado.

Propone reducir las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminar el impuesto al patrimonio y reducir el impuesto predial, simplificando el estatuto tributario y eliminando trámites innecesarios del Estado.

Los impuestos no ahogarán a la economía: reduciremos las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminaremos el impuesto al patrimonio y reduciremos el impuesto predial.

Plantea desactivar la crisis fiscal reduciendo el déficit en 50 billones de pesos sin afectar bienes y servicios del Estado, volviendo a una regla fiscal que impida que el Estado gaste más de lo que puede financiar de manera sostenible.

Propone refinanciar la deuda pública con cooperación internacional, gestionando un crédito de largo plazo a través de multilaterales.

Establece metas de reducción del gasto de funcionamiento en un 25 % en ministerios y en un 30 % en órdenes de prestación de servicios (OPS), reduciendo el número de ministerios y entidades para destinar recursos a inversión social y regional.

Plantea implementar la escalera de la formalidad progresiva: reducir el impuesto de renta para pequeños empresarios, facilitar su formalización con crédito accesible y trámites simplificados, registro de Cámaras de Comercio gratuito, Invima gratuito y mini régimen simple de tributación.

Propone dotar a los trabajadores informales y vendedores ambulantes de billeteras digitales para generar historial crediticio real, y otorgar créditos garantizados por el Estado para combatir los préstamos 'gota a gota'.

Propone un plan de consolidación fiscal responsable para reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda pública, con apoyo de organismos multilaterales, priorizando la inversión en proyectos productivos sobre gastos duplicados o sin impacto social.

Plantea modernizar la DIAN para combatir la evasión y elusión tributaria, despolitizar su dirección, establecer incentivos para denunciar esquemas de evasión y revisar beneficios tributarios con evaluaciones rigurosas de impacto en crecimiento y equidad.

Propone ajustar gradualmente los precios de la gasolina y el diésel para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), liberando hasta 2 puntos del PIB en recursos que hoy se destinan a subsidios ineficientes.

Establece abrir el presupuesto al escrutinio ciudadano mediante plataformas de gasto y contratación en datos abiertos, publicar declaraciones de renta de altos funcionarios y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos.

Plantea un programa de reconversión tecnológica que apoye a 120.000 empresas en modernización de procesos productivos, priorizando manufactura, alimentos, confecciones y agroindustria, replicando el modelo de los CEDEZOs de Medellín.

Propone movilizar más de USD 1.000 millones en capital de crecimiento para empresas colombianas mediante el programa Colombia Coinvierte, con esquemas de coinversión público-privada sin asumir participación accionaria.

Plantea reducir en 50% los tiempos para crear, operar y escalar una empresa y eliminar al menos el 30% de los trámites empresariales, simplificando regulaciones y digitalizando procesos empresariales clave.

Propone crear el Fondo Nacional de Innovación y Emprendimiento Verde (FONIEV), un fondo público-privado de capital de riesgo para startups en energías limpias, eficiencia energética, agricultura regenerativa, movilidad eléctrica, biotecnología y economía circular.

Establece facilitar que al menos 150.000 empresas accedan a crédito productivo para modernizarse, invertir y expandirse, con líneas de financiamiento a tasas preferenciales y esquemas de riesgo compartido orientadas a empresas que inviertan en tecnología.

Propone una redistribución estructural de la riqueza mediante fiscalidad progresiva, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen directamente a las comunidades sin intermediarios burocráticos.

Plantea la economía popular y familiar como base del modelo económico, reconociendo a pequeños productores, vendedores informales y trabajadores independientes como actores centrales del desarrollo.

Propone reformar la ley de contratación para permitir que comunidades y Juntas de Acción Comunal (JACs) sean contratistas directos del Estado, eliminando intermediarios en obras locales.

Destaca como logros del gobierno actual la reducción de 2,8 millones de personas en pobreza monetaria, un aumento del salario mínimo del 23%, crecimiento económico del 3,6%, inflación del 5,3% y desempleo del 8,2%.

Propone el Banco del Pueblo como instrumento para que los recursos públicos lleguen directamente a las comunidades, cortando circuitos de corrupción y clientelismo.

Plantea que Colombia se convierta en una potencia agroalimentaria global mediante el fortalecimiento de cadenas productivas como algodón, fique, yuca, café y arroz, conectando el campo con las ciudades a través de una red de abastecimiento alimentario.