Justicia

Propone cero impunidad bajo el lema 'el que la hace, la paga': cárcel para los corruptos, extinción de bienes, fiscales especializados por estructuras criminales, y una ley de endurecimiento de penas para reincidentes.

Cero impunidades: el que la hace, la paga.

Plantea fortalecer el sistema de justicia penal con juzgados itinerantes de respuesta rápida, bloqueo total de comunicaciones en establecimientos de privación de la libertad para acabar con la extorsión desde las cárceles, y uso de inteligencia artificial para triaje digital en investigaciones criminales.

Propone construir 50 nuevas casas de justicia con todos los servicios necesarios en todo el país, e implementar brigadas móviles de justicia mensuales en corregimientos y veredas sin presencia judicial permanente.

Plantea la creación de los primeros 100 juzgados de 'una familia, un solo juez' para mujeres víctimas de violencia, con acompañamiento para construir autonomía económica.

Propone articular con la Rama Judicial para reducir el índice de congestión del 48,2 % al 0 % utilizando inteligencia artificial, y construir 22.000 cupos penitenciarios y 19.000 cupos carcelarios con trabajo obligatorio y resocialización.

Plantea ampliar el modelo de cárceles agropecuarias para que más personas privadas de la libertad puedan trabajar la tierra, cuidar animales y aprender oficios, convirtiendo la pena en una oportunidad de cambio.

Propone crear una Jurisdicción Nacional Digital interoperable que permita la asignación automatizada de procesos en todo el país, expediente judicial electrónico único, audiencias virtuales y litigio en línea, con herramientas de inteligencia artificial para análisis de casos y detección de patrones delictivos.

Plantea implementar un Plan nacional de descongestión judicial con calendarios procesales obligatorios, simplificación de etapas y metas de productividad judicial, fortaleciendo juzgados con mayor congestión mediante redistribución de cargas y jueces itinerantes.

Establece una estrategia nacional contra la impunidad priorizando los delitos de mayor impacto social —homicidio, extorsión, violencia sexual, corrupción y crimen organizado— mediante unidades investigativas especializadas y mejores sistemas de análisis criminal.

Propone ampliar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación, justicia comunitaria y justicia de paz) y fortalecer las casas de justicia, las comisarías de familia con sistemas de información unificados y protocolos de atención con enfoque de género.

Plantea impulsar un nuevo sistema de selección para Fiscal General, Procurador, Contralor y magistrados basado en convocatorias públicas, evaluación técnica independiente, audiencias públicas y paridad de género, para reducir la captura política del sistema de justicia.

Propone transformar la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción con contratación basada únicamente en mérito e integridad, crear el Tablero de la Transparencia y expedir un Decreto Presidencial para que todos los proponentes en licitaciones puedan ser identificados públicamente.

Establece presentar al Congreso una Ley de Lobby que obligue a registrar reuniones y relaciones entre funcionarios públicos y grupos de interés, así como la protección integral a denunciantes de corrupción para garantizar seguridad a quienes revelen irregularidades.

Plantea profesionalizar la carrera de fiscales con concursos rigurosos, evaluación periódica independiente y formación especializada, ampliando capacidades de investigación criminal con mejores laboratorios forenses, análisis de datos e inteligencia financiera.

Propone un compromiso de lealtad con la Constitución y un rechazo a todas las instituciones que violen la ley, garantizando el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial como resultado de una auténtica República democrática.

Plantea fijar límites a los poderes del Estado y buscar el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad, rechazando cualquier intento de modificar la Constitución al margen del tiempo del poder.

Establece que el presidente y sus ministros deben ser ejemplo de transparencia y propone sanciones penales por enriquecimiento ilícito, con publicación de contratación pública en línea y una reforma de la contratación pública.

Propone que el presidente y ministros tengan contabilidades auditadas directamente por el presidente de la República, y que se den sanciones penales por enriquecimiento ilícito.

Propone una justicia tripartita: Fiscalía Antimafia especializada e implacable para mafias de corrupción, narcotráfico y crimen organizado transnacional; justicia ordinaria para delincuencia común; y justicia restaurativa para conflictos sociales y convivencia. El capital confiscado se reinvertiría en las regiones.

Plantea acabar con la corrupción eliminando los espacios de intermediación opaca, los fondos sin control y la contratación hecha a medida de mafias políticas. La contratación pública será transparente, competitiva y vigilada con sanciones ejemplares para corruptos y recuperación efectiva de recursos, con un tribunal especializado para investigar procesos de contratación pública.

Propone transformar la Procuraduría, destinando sus funcionarios y recursos a fortalecer la Fiscalía Antimafia en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública, reorientándola hacia la prevención disciplinaria y la vigilancia de la contratación pública, con capacidad para identificar riesgos de corrupción y corregir irregularidades.

Establece la justicia restaurativa como tercer nivel para conflictos sociales y faltas a la convivencia, coordinado con alcaldías, equipos de seguridad y convivencia, servicios sociales, y promoción de segundas oportunidades, con creación de políticas locales de convivencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Plantea fortalecer las rutas de justicia y protección oportunas para las mujeres y sus familias: ampliar la línea 155, crear sistemas integrados de información, atención y protección, expandir comisarías, jueces de familia y casas refugio, y garantizar justicia oportuna con un enfoque de prevención de violencias basadas en género y feminicidios.

Propone una política pública de verdad, justicia y reparación para los 10.110.121 víctimas del conflicto armado colombiano, fortaleciendo la reparación comunitaria más allá de los mecanismos individuales y administrativos.

Plantea garantizar el acceso efectivo de las víctimas a servicios de salud y educación como parte integral del proceso de reparación integral.

Propone una 'Revolución Ética' fundamentada en tres elementos: la capacidad de sentir indignación ante el sufrimiento ajeno, la lucha contra la macrocorrupción y el diálogo como método de resolución de conflictos.

Plantea incorporar la memoria histórica y la cultura de paz en los currículos escolares, los barrios y el campo, como garantía de no repetición del conflicto.