Medio Ambiente

Propone la defensa de ecosistemas estratégicos ejerciendo liderazgo regional en las Américas y a nivel global para la protección de la Amazonía, el Pacífico biogeográfico, los mares, la reserva Seaflower y todos los ecosistemas estratégicos, para la transición energética, la soberanía alimentaria y el desarrollo científico y tecnológico.

Plantea una política energética y minera que use una palanca esencial para salir de la deuda histórica de las regiones: el país tiene grandes recursos (gas, petróleo, sol y viento), pero vive entre apagones, altas tarifas y pésimos servicios; propone el desarrollo de energía abundante, confiable y barata para la industrialización del siglo XXI.

Propone para la sostenibilidad ambiental de los modelos productivos reducir la presión creciente sobre ecosistemas estratégicos a través de la protección de la Amazonía, los parques naturales y todas las reservas naturales de conservación y protección, solucionando conflictos de licenciamiento poco eficaces y excesivamente centralizados.

Impulsa en la Amazonía un mercado robusto de bonos de carbono a nivel global y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), con un mecanismo de justicia climática interregional donde, por ejemplo, la región Andina, cuyo suministro de agua depende en un 24% de la humedad generada por la selva amazónica, retribuya económicamente a las comunidades indígenas por la protección de los servicios ecosistémicos.

Propone la gestión del agua como bien común y derecho humano: garantizar acceso universal a agua potable y saneamiento, priorizar su uso en actividades de alto impacto, premiar el ahorro y la reutilización, construir un modelo de gestión hídrica con equidad y seguridad hídrica, e incentivar la reducción de pérdidas y el reúso de aguas lluvias y residuales tratadas.

Establece el ajuste a los procesos de licenciamiento ambiental para proteger la estructura ecológica y, al mismo tiempo, acelerar la infraestructura resiliente y adaptativa, diferenciando entre proyectos que deben contar con riguroso licenciamiento ambiental y los que pueden avanzar con mayor agilidad.

Propone combatir el tráfico ilegal de fauna como parte de la estrategia contra economías ilícitas, con control territorial y coordinación interinstitucional, endurecer sanciones y fortalecer la inspección y judicialización efectiva del maltrato animal.

Propone una política minero-energética que recupere la producción y exportación de petróleo y gas con responsabilidad ambiental, tratando el gas como aliado energético para acelerar la transición a energías limpias.

Plantea desarrollar energía nuclear y almacenamiento energético con baterías de litio, tecnologías de bajo costo para energía solar y eólica, y el desarrollo de una cadena de valor de litio y minerales estratégicos.

Propone garantizar la atención integral y bienestar de los animales domésticos, callejeros, de trabajo, silvestres y en cautiverio, con regulación del maltrato animal, y considera que Colombia debe ser un referente regional en bienestar animal para 2030.

Establece que la transición energética no puede ser una decisión caprichosa: propone que avance 'de forma inteligente y paulatina' para no comprometer la seguridad fiscal y la inversión extranjera.

Propone restaurar 1 millón de hectáreas, frenar la deforestación e incrementar las plantaciones comerciales en 300.000 hectáreas, convirtiendo la conservación en fuente de ingresos, con el 60 % de la restauración en la Amazonía y el Chocó biogeográfico.

Plantea el programa de Familias Guardabosques con pago del Estado —incluyendo cuidadores de páramos— y pagos por servicios ambientales con incentivo forestal, efectuado con las comunidades para asegurar su beneficio y aprovechamiento sostenible.

Propone fortalecer los parques nacionales naturales, erradicando grupos ilegales de 11 parques que hoy controlan la Amazonía, y combatiendo a la guerrilla del ELN y clanes de la mafia del Chocó biogeográfico.

Plantea consolidar los programas de pagos por servicios ambientales (PSA), promover la biodiversidad como fuente de riqueza legal aumentando la bioeconomía del 0,8 % al 2 % del PIB en 4 años, y restaurar 1 millón de corales beneficiando a pescadores y comunidades costeras.

Propone que las regalías vuelvan al sector ambiental: los recursos generados por la explotación legal de minas, petróleo, energía y gas deben financiar el cuidado de la naturaleza.

Plantea que el 100 % de las cuencas priorizadas tengan instrumentos de ordenación y manejo implementados, y el 60 % del territorio actualizado en gestión predial (catastro multipropósito).

Propone impulsar energías renovables no convencionales como la eólica, solar, biomasa, geotérmica, hidrógeno y nuclear, además de nuevos proyectos hidroeléctricos, mientras también reactiva los combustibles fósiles para financiar la transición.

Propone una estrategia nacional para reducir la deforestación hasta niveles cercanos a cero en 2030, priorizando la recuperación de Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas invadidas, combinando control territorial, restauración ecológica y alternativas productivas sostenibles con monitoreo satelital en tiempo real.

Cero deforestaciones en el 2030 y recuperación de ecosistemas estratégicos.

Plantea impulsar la bioeconomía como nuevo motor de desarrollo, articulando investigación científica, biotecnología, saberes tradicionales y emprendimiento para desarrollar nuevos productos y servicios basados en la biodiversidad en sectores como biotecnología genómica, bioinsumos agrícolas, bioenergía, farmacéutica natural y cosmética.

Propone instalar al menos 1.000 MW nuevos de capacidad energética por año, de los cuales cerca del 80% corresponderían a energías renovables, desbloqueando proyectos retrasados especialmente en La Guajira, y simplificando los procesos regulatorios para proyectos estratégicos.

Establece promover la transición productiva hacia economías basadas en la naturaleza, incluyendo ganadería regenerativa, agroforestería, pesca sostenible, turismo de naturaleza, restauración productiva de paisajes degradados y desarrollo de biofertilizantes y biomasa energética.

Plantea movilizar recursos nacionales e internacionales para financiar la protección del capital natural, promoviendo mecanismos innovadores como canjes de deuda por naturaleza, bonos verdes y fondos internacionales de conservación, y el desarrollo de mercados de créditos de biodiversidad y carbono.

Propone acelerar el saneamiento de ríos y el tratamiento de aguas residuales en las ciudades, impulsar una gestión moderna de residuos basada en economía circular, promover infraestructura verde urbana con corredores ecológicos, parques metropolitanos y techos verdes, y priorizar la movilidad limpia.

Establece posicionar a Colombia como líder global en soluciones basadas en la naturaleza, promoviendo alianzas regionales para la protección de ecosistemas estratégicos especialmente en la Amazonía, y consolidando una marca país asociada a sostenibilidad y biodiversidad.

Defiende la protección de los páramos como el Santurbán y demás santuarios ecológicos, priorizando la biodiversidad sobre los intereses extractivos mineros.

Se opone al fracking y al modelo extractivista, y propone estatutos especiales para la Amazonía y el Pacífico que rompan con la dependencia de la explotación de recursos naturales.

Propone una transición energética hacia fuentes limpias y renovables, y la adopción de un modelo de bioeconomía y desarrollo regional que valore los servicios ecosistémicos.

Reconoce a los pueblos indígenas como autoridades primarias en la defensa del medio ambiente, destacando el Decreto 1275 de 2024 como instrumento de gobernanza territorial ambiental.