Seguridad

Propone fortalecer la Fuerza Pública y aumentar su capacidad operativa para derrotar a los grupos violentos. Plantea que los salarios de militares y policías aumenten con el salario mínimo y no con el IPC.

Lo que necesita Colombia es una fuerza pública robustecida.

Defiende el mantenimiento del servicio militar obligatorio como pilar de la autoridad militar y se opone a reemplazarlo por un servicio social.

Presenta la estrategia "Las 4R" de seguridad: Reducir ingresos de los ilegales con inteligencia financiera y extinción de dominio contra narcotráfico y minería criminal; Robustecer la Fuerza Pública con tecnología avanzada e incorporación de retirados con experiencia; Re-enamorar las comunidades con acciones cívico-militares y sustitución obligatoria de cultivos ilícitos con alternativas productivas reales (fábricas de aceite de aguacate, rones, aguardientes); y Restablecer la legalidad con justicia eficaz y cárcel para criminales.

Propone crear una Fiscalía Antimafia con modelo italiano, con capacidad de infiltración y tecnología avanzada para desmantelar el crimen organizado y el narcotráfico.

Propone fortalecer la Fuerza Pública con 40.000 nuevos miembros y duplicar la inversión en seguridad mediante una contribución especial de los 5.000 colombianos más pudientes.

Los 5.000 más pudientes de Colombia pagarán una contribución de seguridad el próximo año para tener más policía, más ejército, más tecnología, más cárceles y un fiscal antimafia.

Propone crear un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana separado del Ministerio de Defensa, y crear policías municipales y departamentales.

Propone reformar el INPEC transformándolo en una gendarmería dentro de la Policía, crear cárceles de alta seguridad y retomar el control del sistema carcelario.

Desde el día uno asumirá el rol de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Estrategia basada en inteligencia estatal, modernización de equipos y mejora del entrenamiento.

Terminará con la política de "Paz Total" de Petro, calificándola como un fracaso total que llevó a la pérdida del control territorial y el crecimiento del mundo criminal.

Ese modelo fue un caos total, es un fracaso, tiene un costo altísimo para Colombia. Se perdió el control territorial en muchos espacios.

Propone crear un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En la segunda semana de gobierno, intervendrá las cárceles para desmantelar organizaciones criminales que coordinan extorsiones desde allí — el 50% de la extorsión viene de las cárceles.

Plan "Ciudades más Seguras" con primer capítulo antiextorsión. Incluye fortalecimiento de los Gaula con inteligencia y nuevas tecnologías, y programa de "Entornos Protectores" (probado en Medellín) para prevenir que jóvenes entren en la vida criminal.

Propone un enfoque de "seguridad humana" que prioriza la protección de comunidades y el fortalecimiento de instituciones civiles, reforzando la presencia del Estado en territorios históricamente afectados por la violencia.

Busca convertir a la Fuerza Pública en aliada del desarrollo rural mediante la construcción de obras públicas, fortaleciendo la inteligencia para combatir la extorsión y el homicidio.

Propone completar la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 y avanzar en las negociaciones con el ELN como ejes de su estrategia de seguridad.

Propone un plan de choque de 90 días para recuperar el control territorial mediante una ofensiva militar y policial contra organizaciones criminales y narcotraficantes.

Plantea renovar alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel para fortalecer la Fuerza Pública con tecnología de primera generación, drones e inteligencia artificial.

Propone reformar el sistema penitenciario con un enfoque de mano firme, incluyendo supervisión militar en cárceles con altos índices de fuga o corrupción.