Política de Drogas

Propone reactivar la fumigación en zonas donde hay cultivos ilícitos industriales sin afectar la salud ni los ecosistemas, e implementar una política antidrogas eficaz en incautación y control de precursores químicos.

En las zonas donde hay cultivos ilícitos industriales, reactivaremos la fumigación sin afectar la salud ni los ecosistemas. Se implementará una política antidrogas eficaz en incautación y control de precursores químicos.

Plantea hacer que la legalidad sea más rentable que el crimen: el campesino deberá acabar los cultivos ilícitos y el Estado lo apoyará con cultivos lícitos, convirtiéndolo en socio de empresas que los transformen.

Propone solicitar la integración de Colombia en el Escudo de las Américas con apoyo tecnológico y de entrenamiento de Estados Unidos, retomando una cooperación profunda basada en el éxito del Plan Colombia para desmantelar las finanzas del narcoterrorismo.

Valencia alertó que en el Cauca el negocio del narcotráfico avanzaba rampantemente, y atribuyó el fenómeno a la suspensión de las políticas antidrogas y de las acciones contra la minería criminal por parte del gobierno Petro. Rechazó la afirmación oficial de que la política antidrogas era un éxito.

El negocio del narcotráfico avanza rampantemente.

Tras los desplazamientos masivos en Los Andes, Nariño, Valencia responsabilizó al gobierno Petro por permitir que los cultivos de coca se dispararan, señalando que la ausencia de erradicación forzada y de políticas antidrogas efectivas derivó en violencia y crisis humanitaria.

El gobierno Petro dejó dispararse la coca y ahora vienen las muertes y los desplazados.

Valencia afirmó que bajo el gobierno Petro Colombia registra la mayor cantidad de hectáreas de coca y la mayor producción de cocaína en su historia, superando incluso los niveles de la época de Pablo Escobar. Señaló que la interdicción solo alcanza el 28% de la cocaína producida, frente a más del 50% en gobiernos anteriores.

Este gobierno tiene a Colombia produciendo más coca que en la época de Pablo Escobar.

Plantea recuperar en los primeros 100 días la inteligencia estratégica y el trabajo conjunto entre la Fiscalía, la UIAF, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para atacar las finanzas del crimen organizado, priorizando el desmantelamiento de redes de lavado de activos y narcotráfico.

Propone planes de desarrollo integral en regiones con presencia de economías ilícitas como el narcotráfico, combinando control territorial, desarrollo de infraestructura, servicios sociales y participación comunitaria en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y Sierra Nevada de Santa Marta.

Fajardo responsabilizó al gobierno Petro por la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, señalando que el fracaso de la política de sustitución de cultivos ilícitos y la ausencia de resultados en materia de seguridad son la causa directa de esa decisión.

Era una decisión esperada por el fracaso en materia de seguridad y de sustitución de cultivos de uso ilícito en la administración Petro.

Propone destruir 350.000 hectáreas de coca y talionar todas las rutas del narcotráfico como estrategia central de seguridad, con extinción de dominio sobre bienes y captura de los mandos criminales.

Señala que Colombia produce 7.884 toneladas potenciales de cocaína y plantea que el fin del narcotráfico es condición necesaria para la paz real del país, rechazando negociaciones con grupos armados que dependan de la economía ilegal.

De la Espriella criticó duramente la estrategia antidrogas del gobierno Petro, a quien acusó de empoderar al narcotráfico y al terrorismo. Declarando que nunca ha consumido drogas, insinuó que el consumidor de cocaína era el propio Petro.

A mis 46 años nunca he probado ningún alucinógeno, como la gran mayoría de compatriotas decentes. El 'periquero' es otro.

En entrevista con Publimetro, De la Espriella se declaró abiertamente antidrogas, describió la marihuana como puerta de entrada a otras drogas y señaló que revisaría las decisiones judiciales sobre la dosis mínima.

La marihuana es la puerta a otras drogas. Soy completamente antidrogas, nunca he consumido drogas ni las consumiré.

De la Espriella reiteró su postura prohibicionista ante el narcotráfico, afirmando que la mayor tragedia del país ha sido la droga y que se opone a ella en todas sus formas.

Lo que sí puede tener claro el país es que soy un enemigo de la droga en todas sus presentaciones y manifestaciones.

Apoya la reforma del régimen internacional de drogas: respalda la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, y fortalece la cooperación internacional para la persecución del crimen organizado y el lavado de activos transnacional, particularmente relacionado con el tráfico de cocaína y sustancias similares y otras rentas criminales.

Rechaza el tratamiento político a organizaciones criminales: advierte que desde el 2016, independientemente de su nombre, los grupos de crimen organizado transnacional que se disputan rentas ilícitas y control territorial no deben recibir tratamiento político ni mesas de paz, pues estas organizaciones solo producen su crecimiento y fortalecimiento a expensas de la vida de la gente.

Cuidar el proceso de paz pasa por cumplir con los acuerdos, honrar a las víctimas, darle la grandeza a la fuerza pública y entender que el conflicto político armado se acabó con la desmovilización de las FARC. Desde el 2016, hace 10 años, independientemente de su nombre, solo quedan organizaciones criminales transnacionales que se disputan rentas ilícitas y control territorial para maximizarlas.

Claudia López calificó la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos como un acto profundamente hipócrita, argumentando que EE.UU. es el mayor consumidor de drogas del mundo y que la guerra contra las drogas iniciada hace décadas ha sido un fracaso que solo produjo adictos, muertes, corrupción y más producción de coca.

Es hipócrita venir a pedirnos cuentas sobre algo que también es un fracaso suyo.

En su plan de gobierno, Claudia López propone reformar la política de drogas buscando la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, de modo que la fuerza pública se concentre exclusivamente en destruir la infraestructura industrial del narcotráfico y atacar sus finanzas, en lugar de perseguir cultivos o consumidores.

En debate presidencial de marzo de 2026, Claudia López reiteró su propuesta de crear una Fiscalía Antimafia para desmantelar las estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, descartando negociaciones políticas con grupos armados y planteando tratarlos como organizaciones criminales bajo estándares penales internacionales.

Señala que el prohibicionismo ha fracasado tras más de seis décadas y 80 billones de pesos gastados sin resultado, y propone una política orientada a la salud pública y a la paz con justicia social y ambiental.

La guerra sin fin contra las drogas debe transformarse en una paz con justicia social y con justicia ambiental.

Exige que Estados Unidos asuma corresponsabilidad como principal mercado consumidor de drogas, y propone terminar con las certificaciones unilaterales y la extradición como instrumentos de sometimiento.

Propone reorientar la política antidrogas hacia seis ejes: sustitución voluntaria de cultivos, inversión social en territorios, fortalecimiento de la economía campesina, protección de la naturaleza, atención en salud pública para consumidores y cooperación internacional contra el lavado de dinero.

Propone convocar una conferencia internacional para construir un nuevo paradigma en política de drogas, conforme a lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.

Cepeda calificó la descertificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia como 'absolutamente irrelevante' frente a la magnitud del problema global, y afirmó que la medida solo confirma el fracaso de la guerra contra las drogas impuesta por Washington. Señaló que Colombia paga el precio más alto de una estrategia cuyo mayor responsable ha sido quien la diseñó e impuso.

Que nos descertifiquen es absolutamente irrelevante en relación con lo que se viene sobre el crecimiento y la profundización del problema, que es lo que hemos visto año tras año.

En entrevista con La Jornada de México, Cepeda cuestionó la continuación de la guerra contra las drogas y sostuvo que el remedio ha terminado siendo la enfermedad misma. Identificó la extradición unilateral, la certificación y la intervención encubierta de agencias como la DEA como mecanismos fallidos de esta estrategia.

¿Vamos a seguir en la guerra contra las drogas, que es la guerra del eterno fracaso? ¿Vamos a seguir en esa ficción estéril que nos ha llevado a sacrificar la vida de miles de personas?

En entrevista con la revista Proceso, Cepeda acusó a la administración Trump de usar políticamente la lucha contra el narcotráfico para presionar e influir en la política interna de Colombia y otros países latinoamericanos, disfrazando esa agenda de guerra contra el terrorismo.

Trump hace un uso político de la lucha contra el narcotráfico, la cual busca disfrazar de guerra contra el terrorismo.